El PRI Baja California alerta sobre el avance del cobro de piso y la falta de resultados en su combate. El partido exige acciones firmes para garantizar seguridad y proteger la economía de las familias.
En Baja California, la inseguridad continúa posicionándose como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, particularmente ante el crecimiento de delitos como el cobro de piso, que afectan de manera directa la vida económica y social de la población. En este contexto, el PRI Baja California ha alzado la voz para advertir que la extorsión no solo persiste, sino que se está normalizando en distintos sectores, lo que representa un riesgo grave para la estabilidad de las comunidades.
El partido ha subrayado que el cobro de piso no puede entenderse como una práctica cotidiana ni como un costo más para quienes emprenden o sostienen un negocio. Se trata de un delito que vulnera derechos fundamentales, limita la libertad económica y coloca a miles de personas en una situación de miedo constante. Permitir que esta dinámica se repita sin consecuencias reales fortalece a quienes delinquen y debilita la capacidad del Estado para garantizar seguridad.
Desde esta perspectiva, el PRI Baja California ha señalado que uno de los problemas más preocupantes es la falta de contención efectiva. Cuando un delito de esta naturaleza no es combatido con firmeza, se expande, se vuelve sistemático y termina afectando a más sectores de la población. La ausencia de resultados claros genera una percepción de impunidad que impacta directamente en la confianza ciudadana.
Asimismo, el partido ha enfatizado que la normalización del miedo es uno de los efectos más peligrosos de esta situación. Cuando las personas comienzan a asumir la extorsión como parte de su realidad, se rompe el tejido social y se debilita la exigencia hacia las autoridades. La seguridad deja de ser un derecho garantizado y se convierte en una condición incierta, lo que afecta la vida cotidiana y el desarrollo de las comunidades.
El impacto del cobro de piso no se limita al ámbito individual. También tiene consecuencias económicas significativas, ya que inhibe la inversión, afecta la operación de negocios y pone en riesgo empleos. El PRI Baja California ha señalado que ningún proyecto productivo puede sostenerse en un entorno donde la extorsión se convierte en una amenaza constante, lo que termina afectando el crecimiento del estado.
En este contexto, el partido ha reiterado que la seguridad debe ser una prioridad absoluta, no solo en el discurso, sino en la acción. Combatir el cobro de piso requiere estrategias claras, coordinación entre autoridades y resultados medibles que permitan reducir su incidencia. La respuesta institucional debe ser contundente para evitar que este delito continúe expandiéndose.
El PRI Baja California también ha señalado que la ciudadanía no puede ni debe acostumbrarse a vivir bajo estas condiciones. La normalización de la violencia representa un retroceso que afecta no solo a quienes la padecen directamente, sino a toda la sociedad, al generar un entorno de incertidumbre y desconfianza.
Finalmente, el partido reafirma su postura: el cobro de piso es un delito que debe erradicarse, no tolerarse. La exigencia es clara: seguridad real, acciones firmes y resultados que devuelvan la tranquilidad a las familias de Baja California, evitando que el miedo siga ocupando un lugar en la vida cotidiana.
