PRI Baja California presentó una reforma para eliminar la responsabilidad automática de propietarios en adeudos de agua generados por inquilinos. La iniciativa, impulsada por el diputado Humberto Valle, busca dar certeza jurídica y proteger el patrimonio de las familias.
El PRI Baja California, a través del diputado Humberto Valle Ballesteros, presentó una iniciativa de reforma al artículo 16 de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el estado, con el objetivo de corregir una problemática que afecta directamente a propietarios de inmuebles en renta. Actualmente, la legislación establece una responsabilidad solidaria entre arrendador y arrendatario, lo que ha derivado en que dueños de propiedades sean obligados a cubrir adeudos generados por terceros.
Desde el PRI Baja California se ha señalado que esta situación genera una afectación económica injusta, ya que los propietarios terminan asumiendo deudas que no corresponden a su consumo. Este esquema, además, ha desincentivado el arrendamiento formal, al generar incertidumbre y riesgos para quienes deciden poner en renta sus inmuebles, afectando también la dinámica del mercado de vivienda.
La iniciativa impulsada por Humberto Valle propone eliminar esta responsabilidad solidaria automática, estableciendo que el obligado principal en el pago del servicio sea el arrendatario, es decir, quien hace uso directo del agua. Este cambio busca alinear la ley con un principio básico de justicia: que cada quien responda por el consumo que realiza, evitando cargas indebidas sobre terceros.
Asimismo, la propuesta incorpora elementos que fortalecen la certeza jurídica, como el reconocimiento del contrato de arrendamiento como medio de prueba para delimitar responsabilidades. De esta forma, se establece que cualquier adeudo deberá corresponder al periodo en que el inmueble fue efectivamente ocupado, lo que permite una aplicación más precisa y equitativa de la ley.
El PRI Baja California ha destacado que esta reforma también responde a lo establecido en el Código Civil del estado, particularmente en el artículo 2299, fracción IV, lo que refuerza su sustento legal. Con ello, se busca no solo corregir una inconsistencia normativa, sino también generar condiciones más claras para quienes participan en el arrendamiento de inmuebles.
Con esta iniciativa, el PRI Baja California reafirma su compromiso de impulsar reformas que tengan impacto directo en la vida de las personas, protegiendo su patrimonio y promoviendo un entorno más justo. La propuesta de Humberto Valle Ballesteros refleja una visión donde la ley se convierte en una herramienta para dar certeza, fomentar la responsabilidad y fortalecer la confianza en las instituciones.
