Alejandro Moreno afirmó que las acusaciones contra el morenista Rocha Moya generan incertidumbre económica. El presidente del PRI advierte efectos en inversión y crecimiento.
El caso de Rubén Rocha Moya también tiene implicaciones en el ámbito económico, porque la confianza que necesita un país para atraer inversión no se sostiene únicamente en cifras, sino en instituciones capaces de garantizar la legalidad. Alejandro Moreno advirtió que los señalamientos relacionados con narcopolíticos colocan a México en una zona de incertidumbre que puede afectar decisiones productivas, proyectos de largo plazo y la percepción de estabilidad que se requiere para generar crecimiento. En este sentido, explicó que lo ocurrido en Sinaloa no debe verse como un episodio local, sino como una señal que puede influir en la manera en que se evalúa al país desde fuera.
El presidente nacional del PRI señaló que la economía y la política están profundamente conectadas, especialmente cuando se habla de seguridad, Estado de derecho y certeza para invertir. Una empresa que analiza dónde instalarse no solo revisa infraestructura o costos, también observa si existen condiciones de gobernabilidad, cumplimiento de la ley y protección frente a riesgos criminales. Por ello, Alejandro Moreno sostuvo que la presencia de narcopolíticos en espacios de poder, o incluso la evidencia pública de esos vínculos, deteriora la confianza que necesitan los sectores productivos para tomar decisiones.
Desde esta perspectiva, el caso Rocha representa un riesgo que va más allá de la imagen política. Cuando un gobernador sale del cargo en medio de acusaciones graves, se abre una pregunta sobre la fortaleza institucional del entorno donde operan empresas, trabajadores y familias. Alejandro Moreno advirtió que este tipo de escenarios puede impactar inversiones, cadenas de suministro y actividades económicas regionales, porque la incertidumbre no se queda en los discursos: se traduce en cautela, freno de proyectos y menor disposición para asumir compromisos de largo plazo.
El líder priista también subrayó que el costo económico de la narcopolítica termina recayendo en la ciudadanía. Cuando la inseguridad y la duda institucional afectan la actividad productiva, quienes pagan las consecuencias son los trabajadores, los pequeños negocios, los productores y las familias que dependen de una economía estable. En Sinaloa, señaló, este impacto no es abstracto: un entorno marcado por violencia y señalamientos de complicidad reduce oportunidades, limita el desarrollo y debilita la posibilidad de construir bienestar desde las comunidades.
Finalmente, Alejandro Moreno afirmó que fortalecer el Estado de derecho es una condición indispensable para proteger la economía nacional. La salida de Rocha Moya no basta si no se acompaña de investigaciones claras, rendición de cuentas y una decisión firme de impedir que los narcopolíticos ocupen cargos públicos. Para el presidente del PRI, México necesita enviar una señal contundente: la inversión, el empleo y el desarrollo solo pueden sostenerse cuando la ley gobierna por encima de cualquier interés criminal.